Desde el 14 de julio entrarán en funcionamiento en esta ciudad cuatro juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia. Estas nuevas dependencias son creadas por el Consejo de la Judicatura, CJ, en todo el país. Favio Guaraca, Alexandra León, Soraya Quinteros y Álex Bravo, son los jueces designados para Azuay.
Es la primera vez que el país cuenta con operadores de justicia en materia de violencia intrafamiliar. Ahora, y hasta el 13 de julio, los conflictos de ese tipo son atendidos por las comisarías de la Mujer y la Familia, las cuales dejarán de existir. Los nuevos juzgados asumirán los casos no resueltos en las comisarías.
Iván Granda, director provincial del CJ, expresó que los juzgados de violencia intrafamiliar son una necesidad de la sociedad, impulsada por diferentes organizaciones que por varios años han trabajado en temas de derechos de la mujer y la familia.
Según Granda, Cuenca es la quinta ciudad del país con mayor índice de maltrato intrafamiliar. Seis de cada diez mujeres sufren algún tipo de maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico.
El lugar en donde funcionarán los nuevos juzgados aún no está definido, pero será un sitio cercano al edificio de la Corte Provincial de Justicia. Granda indicó que hay dos alternativas entre las que se definirá esta semana.
Los nuevos juzgados estarán conformados por un juez, su secretario, una oficina técnica y un área de atención primaria a la víctima, en donde se le ofrecerá asesoría antes de acceder al proceso legal. Granda indicó que con esta estructura se busca formar un paraguas de derechos humanos que proteja a la víctima.
Propuestas
Hoy, la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia se reunirá con funcionarios de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura con el objetivo de construir el modelo de gestión del funcionamiento de los juzgados.
La concejala Juanita Bersosa, quien es parte de la Mesa Cantonal, expresó que en la reunión se definirán aspectos como los protocolos de atención, los procedimientos para ofrecer una atención de calidad y calidez, cómo evitar la revictimización, entre otros.
A través de la mesa cantonal se conformará una comisión para definir los perfiles del personal que laborará en los juzgados, en base a la experiencia de las casas de acogida y las diferentes entidades que trabajan en temas de violencia.
Bersosa indicó que desde hace un medio año se ha trabajado en la definición de un protocolo de funcionamiento de la cámara de Gessel, que es una habitación acondicionada para que, a través de un vidrio que impide el contacto visual, se pueda observar el comportamiento de los ciudadanos, que tomar las declaraciones de las víctimas y para que estas puedan identificar a sospechosos.
La Mesa Cantonal tiene una propuesta para que el uso de la cámara de Gessel no sea opcional sino obligatorio en los procesos de investigación, la cual será presentada al Consejo de la Judicatura. También hay una propuesta para construir una malla curricular para jueces, en la que se incluyan temas de género, derechos, estudio del Código Penal, entre otros.
Funcionarios se capacitan
En el país funcionarán 80 juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, con igual número de jueces especializados en materia de violencia contra la mujer y la familia, los cuales fueron posesionados el pasado 13 de junio en Quito, tras participar en un concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social.
Según el informe del Consejo de la Judicatura, el 90 por ciento de los nuevos funcionarios son mujeres.
Actualmente, los jueces se encuentran en un proceso de capacitación en temas de género, discriminación, leyes, entre otros para que asuman sus funciones en la fecha prevista.
Los juzgados están distribuidos de la siguiente forma: 22 jueces en Guayas, 14 en Pichincha, siete en Manabí, cuatro en Azuay, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, tres en Chimborazo, Imbabura, Loja y Los Ríos; dos en Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena; y uno en Zamora Chinchipe, Bolívar, Cañar, Carchi y Pastaza.
Cuenca.